Seis meses después de una de las más acaloradas asambleas de accionistas de los últimos años en la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura, Sprbun, persiste la incertidumbre sobre la situación contable de la empresa que administra el principal puerto sobre el Pacífico.

De acuerdo con una investigación publicada por El País en su edición del domingo 22 de septiembre de 2019, el otrora puerto más rentable de Colombia pasó en solo cuatro años de generar jugosas utilidades a sus accionistas a arrastrar una deuda cercana a los $1,2 billones.

Con esa preocupación llegaron los socios minoritarios a la Asamblea del pasado 6 de agosto, casi con la certeza de que el balance arrojaría pérdidas económicas, pero se encontraron con un rubro etiquetado en los estados financieros como ‘otros ingresos’ en el que aparecieron números a favor por más de $25.300 millones.

Esos dineros, explicaron en la convulsionada asamblea los directivos de la empresa, obedecían a pagos de más realizados a la Nación por parte de la Sociedad Portuaria en las vigencias 2017 y 2018, razón por la cual no deberían liquidar la contraprestación de ese semestre y por lo que los recursos quedaban en la empresa.

Versión que fue interpretada por varios accionistas como una jugada de la Junta Directiva para ocultarles información a los socios y encubrir la venta de activos para generar supuestos dividendos a los inversionistas y no cerrar la vigencia en rojo.

Entre ellos el abogado Carlos Alonso Lucio, representante de varios socios minoritarios, quien aseguró que la crisis en la Sociedad Portuaria de Buenaventura es “dramática”.

“Esta situación se origina en el sobreendeudamiento y algunos negociados en los que se robaron una plata, como lo denunciamos ante la Fiscalía hace tres años. Hay hechos de corrupción privada; corrupción en la administración y del grupo mayoritario liderado por el señor Manuel Parody, quien tiene el control de la empresa hace cuatro años”, señaló Lucio.

Fuentes de la Sociedad Portuaria aseguraron, no obstante, que lo que existe es el interés de algunos accionistas por mostrar una situación de caos para atacar a las directivas y tratar de obtener un beneficio.

Los nuevos hechos

Pero la principal preocupación de los socios (la sospecha de que se alteraron los estados financieros en el primer semestre del 2019 para reflejar ganancias a cualquier costo) tomó forma a finales de septiembre pasado.

La respuesta de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) a un pedido de información, un día después de publicado el informe de El País, asegura que no existe ante el Gobierno Nacional ningún documento que soporte o avale el argumento de la Junta Directiva de la Sprbun respecto a dineros prepagados en vigencias anteriores ni permiso para no pagar la contraprestación a la Nación.

“No existe ningún documento como tampoco autorización emitida por la agencia donde se establezca que la Sprbun efectuó pagos por mayor valor en la contraprestación en años anteriores al 2019”, señala el documento firmado por el Vicepresidente de Gestión Contractual de la ANI.

Agrega la entidad que: “No existe autorización alguna de la agencia que verse sobre el NO PAGO de la contraprestación, dado que se trata de una obligación contractual”.

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Respuesta que sorprendió a las directivas de la Sociedad Portuaria porque, según explicó el gerente Jurídico y de Asuntos Corporativos, Álvaro Gutiérrez Botero, una semana atrás habían aclarado el procedimiento al Invías y aún algunos funcionarios en la ANI no estaban enterados.

En carta dirigida al subdirector Marítimo y Fluvial de Invías, Roger Rodríguez Moreno, con copia a la interventoría y la ANI, se explica las razones por las cuales se había pagado anticipadamente a la Nación.

“Nosotros siempre pagábamos anticipadamente la contraprestación para ahorrarnos el 12 % de interés que nos cobraban por pagarla vencida y se calculaba sobre el valor que el contrato estimaba”, explicó el Gerente Jurídico y Asuntos Corporativos de la Sprbun.

El convenio señala, agregó Gutiérrez Botero, “que hay dos formas de liquidar y pagar la contraprestación y una son los estimados del contrato y la otra es a través de la tarifa única real. Pero recibimos en mayo un oficio de la interventoría en donde nos dice que prestemos atención a que tuvimos menos ingresos con referencia a lo pactado en el Otrosí No.2”.

“Con esa información hice los cálculos, verificados por la interventoría, y vimos que pagamos de más en el año 2017 y en el 2018. Lo que hice jurídicamente fue aplicar una compensación y eso se ve reflejado financieramente. Me imagino que la ANI no estaba enterada de eso y yo la entero con la carta en la que explicamos cada punto y que fue aprobado por la Asamblea de Accionistas”, indicó el Jurídico Gutiérrez Botero.

No obstante, el 6 de agosto del 2019 un grupo de socios demandó ante la Superintendencia de Sociedades las decisiones adoptadas en la Asamblea de Accionistas por las supuestas irregularidades en el registro contable, el reparto de utilidades justificados en balances que no son reales y las violaciones al Código del Comercio.

Esa demanda presentada por el Grupo Portuario SA, OPP Graneles SA e Inatlantic SA contra de las directivas de la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura fue admitida por la Superintendencia en el auto 2019-01 -384112 del 23 de octubre y que el apoderado de la Sprbun intentó desestimar sin éxito el 10 de diciembre.

La Supersociedades admitió también el pasado 4 de febrero una demanda contra Manuel Parody, Inversiones Egeo SAS, Arganeo SAS, Sextante Inversiones Portuarias SAS, Elequip SA en liquidación Maritrans SAS y la Sociedad Portuaria por presuntas irregularidades en el endeudamiento de la empresa para la compra de acciones de la sociedad Terminal Especializado de Contenedores Tecsa por una millonaria suma, cuando ya la Sprbun tenía el 52% de las acciones.

Al respecto, aseguraron fuentes que esas acciones no se necesitaban y que el valor fue inflado porque se pagó en el 2014 US$27,56 por acción, cuando un año atrás el valor era de US$15,46. En total, se pagaron US$29.734.759 y como no tenían dinero, hicieron un crédito por US$25 millones.

Así las cosas, son varios los episodios que faltan en esta disputa entre accionistas por conocer la realidad contable de la empresa que administra el principal puerto en Colombia.

Fuente: https://www.elpais.com.co/

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