La espera terminó. Cinco años después de haber iniciado el proceso oficial de ingreso a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde), Colombia logró su pase de entrada. La noticia se filtró la semana pasada cuando el comité de comercio, el último de los 23 que desde 2013 analizaban las políticas del país, dio su visto bueno a los cambios adoptados para entrar a este club de buenas prácticas. Pero el anuncio oficial se hará el viernes 25 de mayo, durante una reunión del comité ejecutivo que integran los ministros de estos países.

Se trata de un sueño cumplido para el presidente Juan Manuel Santos, quien desde que llegó al gobierno expresó su interés por lograr el ingreso a este organismo multilateral para subir los estándares del país en temas laborales, de comercio, gobierno corporativo, regulación, medioambiente y, en general, en política pública. ¿Qué ventajas trae esta decisión y cuáles son los principales desafíos?

Estar en la Ocde garantiza a un país contar con las mejores prácticas, pues se trata de un foro en el que sus integrantes comparten información sobre sus políticas y experiencias para mejorar su desempeño. Algunos de los principales avances en transparencia tributaria y calidad de la educación a nivel global se han logrado, justamente, a partir de la información generada por este organismo.

También mejoran los flujos de inversión y comercio, asegura la ministra de Comercio, María Lorena Gutiérrez. Ella recientemente ha recibido varias peticiones de compañías multinacionales que tienen la política de invertir en países de la Ocde, y que están a la espera del ingreso oficial de Colombia a este club.

El camino recorrido para lograr el ingreso no ha sido fácil, pues implicó adoptar una serie de reformas que tocaron muchos intereses y generó desgaste para el gobierno. Sin embargo, estas han logrado mayor transparencia, reglas claras y un Estado más moderno, explica Catalina Crane, delegada de Colombia ante ese organismo.

Las reformas introducidas en los últimos cinco años han sido fundamentales para acabar con carteles empresariales, mejorar el recaudo y seguirle la pista al dinero de quienes por años trataron de ocultarlo. Entre los cambios se destaca la Ley de Conglomerados Financieros, a través de la cual la Superfinanciera ejerce mayor control y vigilancia a quienes operan en el sector, para verificar la procedencia de las inversiones.

También el país adoptó normas más estrictas de gobierno corporativo tanto en el sector público como en el privado, que permitieron, por ejemplo, que los ministros salieran de las juntas directivas de empresas estatales para evitar que se convirtieran en ‘juez y parte’; igualmente, avanzó en los programas de intercambio de información tributaria que le han permitido a la Dian identificar a quienes se amparan en paraísos fiscales para incumplir con las obligaciones fiscales. En este punto, la entidad pasó de intercambiar información con 4 países a hacerlo actualmente con más de 100.

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La creación de un sistema nacional estadístico –con el Dane como coordinador único del sistema Censo– que garantice transparencia informativa, así como las políticas de delación para identificar a las empresas que violan el régimen de libre competencia en el país han sido temas clave para descubrir algunos de los mayores carteles empresariales, que afectan el bolsillo de los colombianos.

Junto a estas decisiones muy aplaudidas, también se han tomado otras que han levantado ampolla, como la política de chatarrización del transporte de carga –cuya vigencia termina en diciembre próximo–, que impuso que por cada vehículo nuevo que ingrese al sistema debe destruirse otro; o la aprobación de una nueva ley de licores para acabar con la discriminación hacia los importados, en su momento muy debatida por los entes territoriales.

No todo es color de rosa

Si llegar a la Ocde se convirtió en todo un desafío, mantenerse podría ser igual de complejo, pues el país tendrá que honrar los compromisos de seguir con altos estándares en su gestión pública y privada. Ya algunos gremios han comenzado a cuestionar el costo que tendrá para Colombia el capítulo de comercio en temas de propiedad intelectual, el esquema de chatarrización y medicamentos.

Crane asegura que si bien la negociación de estos temas fue difícil, no hubo compromisos más allá de garantizar que se cumplirán las normas vigentes. En el caso de medicamentos, hace unas semanas el gobierno expidió un decreto que aclara la separación de los trámites de registro sanitario y el de regulación de precios aunque se hagan en paralelo. Según Crane, las multinacionales farmacéuticas habían pedido que este tema quedara muy claro.

En chatarrización no hubo acuerdos adicionales con las compañías estadounidenses que venden vehículos de carga, pues los funcionarios colombianos reiteraron que el esquema termina a finales de este año. Así lo establece un decreto vigente hace un par de años que cuenta incluso con el aval de los gremios de transportadores. En propiedad intelectual, el compromiso será tramitar una ley que reforme la expedida en 1991, para introducir temas tecnológicos.

Sin embargo, otros podrían venir en camino. El presidente de Analdex, Javier Díaz, aseguró que algunos compromisos no cumplidos en el TLC con Estados Unidos han comenzado a revivir a instancias de la Ocde. En efecto, ese gobierno ha hecho requerimientos en asuntos como la reforma de la figura de agencia mercantil, la ampliación de la cuota de pantalla –en televisión abierta– y las patentes de variedades vegetales.

El impacto que los compromisos tendrán en algunos sectores productivos también preocupa políticamente. En una entrevista con el diario El Tiempo, el candidato presidencial Iván Duque dijo hace unos días que el país no puede “entrar a las carreras a la Ocde” porque podría destruir algunos sectores como el farmacéutico. Por eso, pidió negociar un periodo de transición de unos diez años para el ingreso.

Si bien la Ocde se diferencia de otros organismos internacionales porque no impone multas, no condiciona créditos ni expulsa a sus integrantes, para mantenerse en este exclusivo club el país tendrá que cumplir su palabra empeñada. Y, sin duda, este será uno de los grandes retos del nuevo gobierno. n

El último envión

En el país gremios y empresarios del sector de acero y aluminio no se recuperan del anuncio de Estados Unidos de imponer aranceles del 25 por ciento a los productos de acero y del 10 por ciento a los de aluminio, pese a que está vigente un TLC. Por eso, en las últimas semanas el gobierno ha redoblado sus esfuerzos para desplegar una estrategia que le permita salvarse de estos gravámenes.

La buena noticia es que esta semana la ministra de Comercio, María Lorena Gutiérrez, viaja a Estados Unidos para reunirse con funcionarios de la oficina comercial y avanzar en la negociación que evite que los productos colombianos sean gravados. La ministra sustentará una propuesta concertada con el sector privado colombiano, en la que se comprometen con unas cuotas de exportación de acero por máximo 60.000 toneladas al año, 40.000 toneladas en tubería metálica y 7.500 en productos de aluminio. Aunque estas cifras superan las exportaciones colombianas de estos productos en 2017, el gobierno insistirá en que representan menos del 1 por ciento de las importaciones totales de Estados Unidos y, por lo tanto, no son una amenaza comercial para este país. Los resultados de la reunión se conocerán el primero de junio, cuando el gobierno norteamericano anunciará los países que excluirá de la norma.

Fuente: https://www.semana.com

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