La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) anunció el miércoles que adelanta la caducidad del contrato para recuperar la navegabilidad del río Magdalena, un proyecto que demanda inversiones por 2,5 billones de pesos. Pero dejó dudas porque al mismo tiempo informó que estudia una cesión de dicho contrato. Entonces, ¿qué pasará con las obras si el fiscal encuentra que en este proyecto también se pudieron presentar hecho de corrupción como en ruta del Sol 2?

Este es un caso que toca el corazón de la infraestructura de dos naciones y que unió a Ecuador y a Colombia. Los fiscales de ambos países firmaron un pacto para destapar lo que verdaderamente ocurrió en la adjudicación de los contratos del río Magdalena y en el metro de Quito, en los que ambos salió triunfante la constructora Odebrecht.

Se investiga si existió un pacto entre Odebrecht y la firma española Acciona para que esta última se retirara de la puja en Colombia en la licitación que busca recuperar la navegabilidad del río Magdalena. Se busca establecer si Acciona se retiró del proceso de licitación a cambio de que participaran, juntos, en la adjudicación de la Línea 1 del Metro de Quito. En ambas megaobras salen vencedores. 

Mientras los fiscales, Néstor Humberto Martínez, de Colombia, y Galo Chiriboga, de Ecuador, posaban para la foto, en la sede de Cormagdalena corrían contra el tiempo a ver de qué manera le abrían camino a la continuidad de las obras para la recuperación del afluente.
 

Al final del día, con plazo vencido para encontrar quién se encargue de la porción del contrato que le corresponde a Odebrecht (87%), Cormagdalena optó por un anuncio, que a la larga lo que busca es ganar más tiempo a ver si se concreta un rescatista.
 

Se trata de PowerChina Limited Colombia, multinacional que ahora es la última esperanza de
 Cormagdalena para que el proyecto siga adelante y no sufra grandes retrasos. Otras empresas, que pudieran estar interesadas, ven enormes riesgos jurídicos de asumir esa cesión.

Según el anunció de Cormagdalena, ya comenzó el proceso de caducidad del contrato que se hará efectivo en una audiencia el 8 de marzo. Sin embargo, la decisión se da no sin antes advertir que paralelo a ello, estudiarán la cesión del contrato a la firma PowerChina, que manifestó en carta del 21 de febrero de 2017 su intención de quedarse con el 87%. Y para ello, indican que están adelantando el debido proceso, que incluye los análisis técnicos, jurídicos y financieros del proyecto de recuperación del Río Magdalena, requeridos para asumir su ejecución.

Ceder la porción de Odebrecht para salvar las obras que llevan adjudicadas casi tres años sin que hayan concretado un cierre financiero, es un camino que parece más fácil de recorrer que caducar.

Sin embargo, surge el gran interrogante de ¿qué sucederá si se encuentra que en el contrato original firmado con Odebrecht hubo corrupción? El efecto en términos de continuidad de la obra sería el de la terminación por causal de nulidad por lo que se tendría que convocar a una nueva licitación. Lo mismo que quieren evitar hoy con la caducidad. 

En el caso de Ruta del Sol, donde hay funcionarios que son corruptos confesos, el contralor Edgardo Maya hizo un fuerte llamado de atención: “Que se paralice lo que se paralice y que pase lo que pase, pero hay que tomar una decisión. No se pueden seguir aplicando pañitos de agua tibia”. Esta semana, por orden de la Superindustria, la ANI tomó la decisión de terminar el contrato de Ruta del Sol tramo 2. 

Sin embargo, parece que la presión para no caducar el contrato de Navelena es mucho más compleja, pese a que desde el 11 de marzo del 2016 se le cumplió el plazo al consorcio de cumplir con el cierre financiero, lo que le genera una multa por día de retraso de 30 salarios mínimos.

La caducidad por incumplimiento genera la liquidación del contrato y sanciones tanto pecuniarias como inhabilidades hasta de cinco años para el
 consorcio Navelena en el que participa además de Odebrecht la sociedad Valorcon, de la familia Gerleín, que ha tenido durante décadas un gran poder político en la Costa Atlántica. 

En cualquier caso, dice el presidente de la ANI, Luis Fernando Andrade, los recursos del préstamo del Banco Agrario por 120.000 millones de pesos están protegidos: si el contrato llega a caducidad, Navelena responde con el dinero de la liquidación. Y si el contrato se cede, PowerChina responde en cuanto se entregue el cierre financiero.
 

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Aunque Cormagdalena tiene la obligación de mantener navegables los 22 kilómetros de la zona portuaria de Barranquilla y sus principales puertos (Sociedad Portuaria Regional, Zona Franca, River Port y Montoneros Colombo Venezolanos), el proyecto de infraestructura con el que se soporta esta garantía está aún en veremos.

Fuente: http://www.semana.com

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